Login

MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FEDERAL
DE ESTADOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
OFEPHI

La representación conjunta de los intereses de las Provincias que la integran respecto de la exploración y explotación de las reservas de hidrocarburos ubicadas en sus respectivos territorios es la misión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Así expresada del modo más general posible la razón última de su desempeño institucional, corresponde señalar que la OFEPHI asume su misión en un escenario definido desde lo fundacional y condicionado en su desarrollo por el federalismo efectivo, donde por el logro de un régimen vigente de la propiedad de los recursos naturales a nivel de jurisdicciones, el Estado nacional y las Provincias productoras deben compartir competencias y responsabilidades en un adecuado equilibrio.

Ahora bien, vista desde la actualidad, o sea, desde fines de 2010 (el Año del Bicentenario), la OFEPHI acredita un cuarto de siglo de existencia ratificando la vigencia de su misión no con testimonios o declamaciones sino con diversos y significativos logros en la defensa de los intereses provinciales. Y en tal sentido son destacables, entre muchos otros, el pago a las Provincias integrantes de importantes montos por regalías mal liquidadas, la gradual disminución de descuentos indebidos para su cálculo, la transferencia desde la autoridad nacional del contralor de las explotaciones y el reconocimiento del dominio originario consagrado en la Ley N° 24.145 y luego por el artículo 124 in fine de la Constitución Nacional reformada en 2004.

Respecto de este último punto es especialmente destacable, siempre en función de la misión de la OFEPHI, la promoción de la nueva legislación de fondo para adecuar, reformar y adaptar la Ley de Hidrocarburos N° 17.319, aún vigente, de manera que resultara reglamentado en todo su alcance, amplitud e implicancias el ya mencionado artículo 124 in fine de la Constitución Nacional. Como es sabido, recién en el año 2003, con la sanción del Decreto Nº 546, las áreas denominadas “en transferencia”, más las áreas o yacimientos revertidos y las que dentro de su territorio incorporaran las propias Provincias, fueron transferidas a su jurisdicción efectiva. Entonces la OFEPHI profundizó el accionar político para consensuar con las autoridades nacionales la sanción de una norma (denominada Ley de Hidrocarburos “corta” o “restringida”) que, si bien no adaptara en la totalidad de su articulado a la Ley N° 17.319, dispusiera la transferencia a las Provincias productoras de los yacimientos y áreas radicadas en sus territorios y las invistiera del carácter de autoridad de aplicación. Esta normativa cristalizó en la Ley N° 26.197 de fines de 2006, quedando abierta una etapa de transición que se prolonga hasta la actualidad.

O sea que operó el reconocimiento efectivo del dominio jurisdiccional y consecuentemente del poder concedente de las Provincias productoras, así como también de los derechos al cobro directo de las regalías o del ejercicio pleno de la jurisdicción provincial sobre los contratos en vigencia y del contralor de los mismos, entre otras cuestiones de importancia estratégica. Pero también esto implicó para la OFEPHI el enriquecimiento de su misión, habida cuenta de la necesidad de una instancia donde se analicen y propongan normas técnicas y procedimientos operativos uniformes para el conjunto de las Provincias productoras y que funcione, además, como el ámbito de coordinación y concertación con el Estado central, el cual conserva la potestad, como corresponde, de fijar y desenvolver la política nacional sobre la cuestión.

O sea que además de la formulación y eventual implementación de acciones comunes que estimulen la inversión en el sector y garanticen los derechos adquiridos, la libertad de mercado y la competencia, en el seno de la OFEPHI se trata de homogeneizar las reglamentaciones técnicas y operativas para la aplicación análoga en cada una de las Provincias. Quiere decir entonces que la OFEPHI asumió las tareas de análisis, estudio y formulación de normativas, de generar consensos entre sus miembros, de intercambio de información y experiencias entre las Provincias participantes, e incluso de capacitación de los cuadros técnicos necesarios, pero sin que ello implique la más mínima intervención en la gestión a cargo de cada jurisdicción en tanto autoridad de aplicación.

En otro orden, y dado que a través de la Secretaría de Energía el Estado nacional, como queda dicho, despliega la política para el sector, la OFEPHI habrá de velar, del modo en que lo viene haciendo, para que no se repitan algunas experiencias del pasado, cuando de la gestión cotidiana sectorial surgían cuestiones que requerían decisiones políticas y administrativas con el debido sustento jurídico, dándose numerosos casos en los cuales, por ausencia o mala interpretación del mismo, se incurría en un avasallamiento de derechos no delegados por las jurisdicciones provinciales.